FUENTE: LA JORNADA/Yolanda Chio, corresponsal.
Monterrey, NL. El Tribunal electoral del Poder judicial de la federación solicitó al Congreso local que le informe sobre el estatus y el camino que seguirá para la sanción que aplicará al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al secretario general de gobierno Manuel Florentino González Flores por desvío de recursos.
La petición fue realizada luego de que el senador Samuel García interpusiera un cuarto incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal.
“Se solicita al Congreso nos informe a la brevedad la situación respecto a la clausura de su recinto, así como el estatus del expediente legislativo 11841/LXXIV, es decir, si se perfila un nuevo periodo extraordinario para su desahogo, o qué ruta seguirá para cumplir la sentencia”, señala el documento emitido por la magistrada Gabriela Villafuerte de la Sala superior del Tribunal.
El miércoles por la noche, a unas horas de que la Comisión anticorrupción sesionara para discutir un dictamen de sanción a ambos funcionarios, la Secretaría de salud clausuró el Congreso local.
De acuerdo a la Secretaría, el cierre se realizó ante un posible brote de coronavirus.
Este fin de semana, el secretario de salud Manuel de la O Cavazos informó que ése miércoles por la mañana se realizaron 159 pruebas de coronavirus en el recinto, a legisladores, trabajadores y reporteros, y solamente una dio positivo, para dar un total de siete enfermos, entre ellos el legislador panista Jesús Nava, en el legislativo.
La Comisión anticorrupción planea reunirse el lunes a las 11:30 de la mañana. Se espera que se discuta un dictamen que buscaría la destitución e inhabilitación de ambos funcionarios, aunque solamente aplicaría de forma inmediata a González Flores, debido a que “El Bronco” cuenta con una suspensión de proceso otorgada por la Suprema corte de justicia de la nación.
Ambos funcionarios tendrán que recibir una sanción definida por el Congreso local, proceso ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras comprobar el desvío de recursos durante la campaña presidencial de «El Bronco» durante el 2018.
De acuerdo al Trife, 572 funcionarios públicos recolectaron firmas para la campaña independiente de Rodríguez Calderón.
En varias ocasiones, el proceso se ha visto diferido; en diciembre pasado, debido a que no se llegó a un consenso, lo que provocó que el Congreso fuera amonestado por el Tribunal.
De nueva cuenta, el Tribunal emplazó al Congreso a definir la sanción para el 24 de abril, pero el proceso se aplazó ante la pandemia del coronavirus.
Y aunque se presentó un dictamen para sancionarles con una multa y una amonestación pública el pasado 12 de junio, tras 12 horas de discusión, fue desechado.
