FUENTE: LA JORNADA/LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO Y ANDREA BECERRIL
Ciudad de México. La reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador no busca expropiar las empresas privadas ni crear un monopolio estatal, sino establecer una regulación que impida la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y evite que el capital privado se apodere del mercado eléctrico nacional, cuyo valor es de 6.4 billones de pesos, equivalentes a 315 mil millones de dólares, destacó Manuel Bartlett Díaz, director general de la empresa.
De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo federal, las firmas privadas tienen garantizado 46 por ciento de la generación, equivalente a 145 mil millones de dólares, expuso.
Si el costo de la inversión de las empresas extranjeras que ya operan en el país es de 44 mil millones de dólares, como afirma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), suponiendo “sin conceder que ese sea el monto, con 30 por ciento del valor del sistema eléctrico nacional, ellos garantizarían una participación de 46 por ciento. No existe, por tanto, lugar a una situación de expropiación directa o indirecta”.
En entrevista con La Jornada, afirma que más de dos terceras partes de las centrales eléctricas de los privados fueron financiadas por la banca de desarrollo y las Afore, es decir, con los ahorros del pueblo mexicano, y con sólo 4 mil millones de dólares estarán recibiendo un mercado que vale 145 mil millones de dólares, 36 veces más.
El funcionario asegura que el valor de la CFE está por encima del costo del sistema eléctrico nacional, ya que es de electricidad y combustibles, con una tasación de 377 mil millones de dólares.
No resulta razonable, por ello, “que una empresa del pueblo de México, con 84 años de inversiones en el sistema eléctrico nacional y un valor de mercado mayor a este sistema, quede relegada a final del sexenio a menos de 20 por ciento de la generación y se encamine a su desaparición”.
En la entrevista con este diario, Bartlett Díaz expuso las trampas y abusos de la reforma de Enrique Peña Nieto que se busca echar abajo con la iniciativa presidencial que se discute ahora en la Cámara de Diputados. ¿Cómo considerar legítimo un sistema que desaparece una empresa pública que es de todos los mexicanos?, cuestionó.
–La reforma de Adolfo López Mateos buscó resolver problemas del desarrollo nacional. No estuvo al margen de lo sucedido en los años 40 en Gran Bretaña o Francia, que ya habían nacionalizado sus industrias eléctricas. ¿La modificación constitucional que ustedes proponen parte de consideraciones ideológicas o de la necesidad de resolver los problema del país y de su sistema eléctrico?
–La reforma constitucional que manda el Presidente al Congreso –y que él considera indispensable– obedece, más que nada, a lo que significó la de Peña Nieto, que es contraria a los intereses nacionales. Ideológicamente es nacionalista; es una medida para proteger los intereses nacionales.
“La de Peña Nieto entrega el patrimonio energético a intereses extranjeros, contra los intereses nacionales. Su objetivo es desmantelar el sistema eléctrico, que costó décadas levantar. En la exposición de motivos del presidente López Obrador se señala que se busca frenar los cambios hechos en el sexenio pasado, porque implican el despojo y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado.
“Si se mantiene la reforma peñista, sus consecuencias serán dramáticas: la desaparición de CFE, la empresa más grande del país. Sin electricidad, el desarrollo y la vida social son imposibles. Esa energía es cada vez más importante, incluso más que el petróleo. La reforma de Peña Nieto es un peligro para la nación.”
–¿Qué volumen de generación tienen empresas como Iberdrola, Naturgy y otras extranjeras? ¿Tienen calculado el monto de los subsidios que les entregan?
–Iberdrola tiene 26 plantas eléctricas en el país. Participa en cuatro esquemas: de generación privada, de productores independientes, autoabasto, subasta de largo plazo y centrales nuevas, construidas después de la reforma energética. Tiene dos nuevas y siete de subasta a largo plazo. Entre todas producen 20 por ciento de la energía. Como grupo, es la segunda de generación, después de CFE. El subsidio que recibe por no pagar la transmisión que le corresponde es de cerca de 900 millones de pesos al año.
–¿Por qué se requiere una nueva reforma para salvar el sistema eléctrico?
–Desde siempre, el Presidente ha dicho que el rescate de CFE es indispensable. Esto implica quitar las ataduras que llevan directa e irremisiblemente a la su desaparición.
“En la exposición de motivos se precisa cómo se va estructurando un sistema cuyo resultado, medido por los técnicos, significa que al final de este periodo, la CFE generará sólo entre 12 y 16 por ciento de energía eléctrica total, lo que la hace irrelevante.
“También se detalla que los miles de kilómetros de la Red de Transmisión y Distribución son propiedad del Estado y formalmente los administra la CFE. Pero en realidad no es así, porque la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la que determina las reglas y fija las tarifas, mientras el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) es el que determina quién y dónde se interconecta para subir su electricidad a la red. Ambos son los que deciden todo. Ahí empieza el acaparamiento del patrimonio nacional.
“Todo el proceso de privatización fue amañado. Si bien en la reforma de Peña se dice que no se privatiza y que CFE sigue siendo una empresa del Estado, en realidad se acomodan las leyes para que los privados puedan invertir incluso en redes, que son los nervios del sistema eléctrico. Es grave que, disfrazada, se abra la puerta a que los privados se queden con ellas.
“Unos días antes de que yo tomara posesión como director de CFE, el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, autorizó una línea de transmisión privada entre Sonora y Baja California. Esto es muy importante, porque Baja California es un sistema aislado, que no está interconectado al nacional.
“Ya cancelamos una línea directa público-privada que violaba el principio constitucional, de Oaxaca (donde se ubica la mayoría de las empresas eólicas) a Morelos, en el centro del país. En Oaxaca hay un recurso natural importantísimo, que es el viento. Toda la capacidad que se sembró ahí de energía eólica es extranjera.
“Las redes son muy delicadas. Debe haber un equilibrio exacto entre demanda, consumo y generación, porque la generación no se almacena. Tiene que estar permanentemente en equilibrio.
“El sistema eléctrico requiere planeación cuidadosa. Es un sistema de grandes inversiones que toman tiempo. Construir una planta lleva tres años. La CFE tenía un sistema de planeación muy ajustado en relación con el crecimiento de la demanda, que señalaba dónde se podían construir nuevas plantas. Debe diseñarse en relación con la capacidad de las redes de atender ese tráfico.
“Está escrito en la historia del país. La iniciativa privada planifica sus negocios, ve por sus ganancias, no por el sistema eléctrico mexicano. Piensa en hacer dinero rápido, no en un plan de desarrollo de la República Mexicana.
“Sin embargo, con una voracidad impresionante, la CRE dio permisos de generación sin límite alguno, para eliminar la CFE. Hay permisos para tres veces más de lo que vamos a necesitar de electricidad en 20 años. No le importó dónde estuvieran esas plantas. Todas tienen derecho a subirse a la red.
“En este gobierno, la Secretaría de Energía emitió una política de seguridad de la red para establecer un control. Sin embargo, las empresas se ampararon, exigiendo su derecho a subirse. Se presentó una controversia constitucional, que rechazó la Corte.