*El ombudsman hace un llamado a respetar los derechos humanos del personal de salud y datos personales de pacientes con COVID-19.
El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), José Bernardo Rodríguez Alamilla, en entrevista señaló que ante la pandemia de COVID-19 que se vive en la entidad, se ha documentado agresiones al personal de salud como el hecho de negarles el transporte público, acceso a lugares de comida e inclusive miradas lastimosas en las aceras.
El ombudsman, dijo que la DDHPO es muy clara y contundente de hacer un llamado a las autoridades estatales y municipales para eliminar toda agresión o acto discriminatorio en contra del personal de salud, pues en nada contribuye a la prevención, contención y atención de la pandemia.
Añadió que la protección de datos personales está garantizada en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley estatal, que establece que «ninguna autoridad o empresa, pueden publicar nuestros datos personales sin nuestra autorización, ya que se pone en riesgo la vida y más si se trata de una persona confirmada con COVID-19».
Ante ello dijo que si de por si la situación misma de tener y padecer la enfermedad pone en riesgo la salud y vulnerabilidad de las personas, señalándolos y estigmatizándolos, desde los derechos humanos nos hemos manifestado en contra.
Rodríguez Alamilla, dio a conocer que se ha documentado que cerca de 70 municipios han decidido cerrar su espacio geográfico a personas ajenas, por lo que pedimos no criminalizar a estas comunidades que por sus usos y costumbres han decido implementar esta medida como contención para que ningún habitante se contagie.
Recalcó que son municipios, y comunidades que se sienten vulnerables por no contar con los elementos técnicos, infraestructura, y médicos sobre todo para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
Enfatizó que se ha tratado de sensibilizar a estas comunidades de que dichas determinaciones no pueden ser arbitrarias, tienen que responder a una lógica de derechos humanos, y en esa lógica tratar de ser lo mas técnicamente posible al momento de tomar las decisiones de restringir el paso, ya que puede ser contraproducente, y poner en riesgo otros derechos.
Y es que si imaginamos que un municipio cierra sus fronteras, cierra la posibilidad de hacerse llegar de comida por ejemplo, o que la comunidad este en medio del camino a otra comunidad, el derecho a alimentación de esa comunidad se vería afectado, o el derecho a la salud, al limitar la posibilidad de paso hacia sus espacios geográficos, pone en riesgo la salud de las personas, o alguna ambulancia necesite entrar a esa comunidad, o alguna otra y no lo pueda hacer por esta situación, este tipo de decisiones tienen que valorarse desde una manera técnica, y de respetar los derechos humanos, tiene que haber una justificación legal, incluso para llevarla a cabo.
Finalmente el funcionario, hizo el llamado a las instituciones de la administración estatal a través de una alerta temprana de dotar a las autoridades municipales de información precisa y clara para que en función se puedan tomar decisiones adecuadas para la comunidad y la población que habita en las mismas, respetando los derechos humanos.